Libertad de Expresión

Comunicado de prensa R199/22

El Estado de Colombia debe investigar el asesinato de los periodistas Leiner Enrique Montero y Dilia Contreras y sancionar a los responsables

7 de septiembre de 2022

Washington, D.C. - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de los periodistas Leiner Enrique Montero Orga y Dilia Contreras Cantillo en un corregimiento de Fundación, departamento de Magdalena, y urge al Estado investigar los hechos de forma completa, efectiva e imparcial, tomando en consideración la labor periodística como un posible móvil del crimen, y sancionar a quienes resulten responsables.

De acuerdo con la información disponible, el pasado 28 de agosto, dos sujetos desconocidos interceptaron y dispararon a los periodistas Leiner Enrique Montero Orga y Dilia Contreras Cantillo, quienes regresaban de una cobertura periodística en el corregimiento de Santa Rosa de Lima. Según pudo conocer esta Oficina, el camarógrafo Joaquín Alberto Gutiérrez, quien acompañaba a Montero y Contreras en la parte trasera del vehículo, recibió dos disparos en un brazo y actualmente se encuentra internado en el hospital de Fundación.

Leiner Enrique Montero era el director de la emisora Sol Digital Stereo del municipio de Fundación, y escribía en redes sociales a través de su página Leiner Montero historias, sobre diversos temas de interés general y local. Dilia Contreras había trabajado como reportera y locutora en varios medios de comunicación en las ciudades de Bogotá y Santa Marta, y actualmente se encontraba trabajando con Montero en su página informativa en redes sociales. Según la información reportada, horas antes del asesinato, Montero habría estado involucrado en una discusión en la que habría recibido una amenaza por parte de una persona que se encontraba en el lugar donde los periodistas se encontraban trabajando. La RELE tuvo conocimiento de que Montero habría sido blanco de varias amenazas en los últimos años, y que por ese motivo hace pocos meses habría desinstalado los transmisores de la emisora que tenía en el municipio de Fundación.

La Relatoría reitera que el asesinato de periodistas y comunicadores por motivos que podrían relacionarse con su trabajo periodístico constituye la más grave violación del derecho a la libertad de expresión. La violencia letal contra la prensa no solo vulnera directamente el derecho a la vida, sino que apunta a suprimir el derecho de las y los periodistas a expresarse e informar, y generan un notable efecto de autocensura. Asimismo, esta Oficina ha señalado en oportunidades previas que la violencia contra periodistas también afecta gravemente la dimensión social y colectiva del derecho a la libertad de expresión, en tanto vulneran el derecho de las sociedades a recibir informaciones e ideas de toda índole.

Las autoridades han indicado que están trabajando en el esclarecimiento de los hechos e identificación de los repsonsables. El alcalde de Fundación, Carlos Sierra, anunció la realización de un Consejo Extraordinario de Seguridad junto con la Policía del Magdalena y la Fiscalía, el 29 de agosto. Además, el coronel de la Policía de Magdalena se refirió a que una de las principales hipótesis del crimen estaría relacionada con "un hecho de intolerancia".  Esta Oficina urge al Estado a continuar con las investigaciones de forma oportuna y completa, y recuerda que la falta de sanción de los delitos contra la prensa fomenta la reiteración de violencias y el silenciamiento.

La Relatoría valora que desde las más altas autoridades se haya condenado publica y oportunamente los hechos solicitando "una investigación urgente para encontrar a los responsables de este crimen porque, en Colombia, la prensa debe tener las garantías para hacer su trabajo", e instruyendo al Ministerio de Defensa a emprender acciones para "garantizar la protección de la vida y seguridad de los ciudadanos en todo el territorio". Para la Relatoría Especial este tipo de mensajes de rechazo a la violencia y respaldo a la labor periodística –especialmente cuando provienen de las más altas esferas gubernamentales– constituyen una importante medida de prevención y protección para la prensa, y un gesto que refuerza su valor y legitimidad en sociedades democráticas y que fortalece la libertad de expresión. La Relatoría anima a que estas prácticas sean replicadas en todos los órganos públicos y niveles de gobierno.

Finalmente, esta Oficina llama al Estado colombiano a incrementar sus esfuerzos para prevenir la violencia contra periodistas y la impunidad de estos crímenes, y recuerda que esta obligación se acentúa ante situaciones o zonas en las cuales existe o se ha detectado un riesgo especial para los periodistas trabajadores de medios de comunicación. Tal como ha señalado la CIDH y su Relatoría previamente, el cumplimiento de la obligación de prevención por parte del Estado resulta de vital importancia en aquellos países en los que existen zonas en las cuales los periodistas han optado por la autocensura, a fin de evitar que el fenómeno continúe replicándose.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.