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CIDH
Foro de México
Exposición: "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Patrimonio común de los pueblos de las Américas" por el Presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco Henríquez
Ciudad de México, 14 de septiembre de 2012
Ya he tenido ocasión de agradecer la hospitalidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de señalar mi orgullo porque México sea hoy la capital de los derechos humanos de las Américas.
Siento gran honor en hacer uso de este podio. Al hacerlo, tengo plena conciencia de que hablo en nombre de una institución benemérita y, en este momento particular del tiempo, en nombre de cuatro extraordinarias mujeres, dos distinguidos hombres, y el mío propio. Hoy, en este país que es mi casa, quiero aprovechar estas palabras iniciales para reconocer que tras la unitaria construcción de una Comisión Interamericana están estos queridos colegas que, este último semestre, han acudido al llamado impostergable del buen cuido de una institución que nos ha sido dada en custodia temporal.
Hago muchas de mis reflexiones de estos días bajo el título de “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: patrimonio común de los pueblos de las Américas”. El Foro de México va a ser una reseña de la historia, una reflexión acerca del presente y un planteamiento sobre el futuro de la Comisión, y creo firmemente que, al término del mismo, todos partiremos con una convicción única: esta institución extraordinaria y todo lo que ella puede hacer para defender y proteger los derechos de las y los habitantes de las Américas, resultado de la labor de cientos, miles, de hombres y mujeres que han dedicado su vida a construirla, no puede ser concebida como si perteneciese a alguien que pudiese disponer de manera libertina sobre su futuro sino, más bien, es un patrimonio común del que todos somos beneficiarios y custodios.
Comienzo indicando que es nuestra obligación, y nuestro privilegio, hacer uso de la Comisión para “progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad”, desideratum expresado en la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre. Es, por lo tanto, normal que el perfeccionamiento de este órgano sea una labor constante de todos quienes somos beneficiarios de sus funciones. Los visionarios creadores de la Declaración Americana posiblemente no tenían en mente los extraordinarios desarrollos que beneficiarían al derecho internacional de los derechos humanos desde entonces y hasta este año de 2012. No lidiamos con palabras trazadas en la piedra. Como lo dice de extraordinaria manera nuestra institución hermana, "los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales". Fue precisamente en el contexto de una opinión consultiva solicitada por el Estado mexicano que la Corte reafirmó esta idea de la evolución dinámica del corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos.
Asi que, está establecido. Estamos en el marco de un sistema que debe ser cambiante por definición. Nuestra labor es reconocer qué cambios son los más adecuados para asegurar una mejor protección de los derechos humanos y, en esta labor, dicen que para trazar el camino del futuro, es fundamental comprender a cabalidad el pasado. Permítanme, en procura de este objetivo, que dedique el primer tercio de mis palabras esta mañana presentando un recaudo del camino recorrido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde su creación. Fue hace más de seis décadas que la comunidad interamericana como un todo reconoció la dignidad humana como el principio fundacional en la relación entre Estados. La barbarie vivida en dos guerras mundiales llevaron a los pueblos de todos los continentes a reconocer una serie de derechos y garantías fundamentales como el umbral mínimo a ser observado por los Estados y, a través de este actuar, hirieron de muerte la odiosa concepción de que la protección de los derechos humanos es únicamente competencia interna de los Estados. En este sentido, los Estados asumieron no sólo la obligación de respetar los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, sino que afianzaron un interés colectivo de que tales derechos no deben ser violados en otras fronteras. Este es un logro respecto del cual es inconcebible retroceder.
En abril de 1948, los países Miembros de la Organización de Estados Americanos aprobaron, en la ciudad de Bogotá, Colombia, la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre. Con ese gesto, los Estados americanos se pusieron en la vanguardia del reconocimiento internacional de derechos y garantías fundamentales. Este importantísimo acto sirvió también como punto de partida para la consolidación de un régimen supranacional de promoción y defensa de los derechos humanos.
En agosto de 1959, durante la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en la ciudad de Santiago de Chile, los Estados americanos decidieron crear la Comisión Interamericana, encargada de promover el respeto de los derechos humanos en la región. En el acta de creación de la Comisión, los Estados Miembros reconocieron que “la armonía de las Repúblicas Americanas sólo puede ser efectiva en tanto el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el ejercicio de la democracia representativa sean una realidad en el ámbito interno de cada una de ellas”. La defensa constante de los derechos humanos y la vigilancia del sistema democrático han sido uno de los principales legados de la CIDH para la comunidad interamericana de Estados y sus pueblos. Rómulo Gallegos pareció reconocer este legado en sus conmovedoras palabras de inauguración, cuya verdad continúa resonando hoy, casi 52 años después:
Hoy día (dijo Gallegos) las cosas ocurren bajo el manto ceremonial de las instituciones políticas y jurídicas como si en todas nuestras naciones la paz, la tranquilidad, la dignidad –en suma, la felicidad- de todas las personas estuviese garantizada en forma suficiente. Pero que este sea el caso siempre, o en todos los lugares es tan falso como lo es que las simples fronteras geográficas hacen el destino de un pueblo totalmente irrelevante a otro…
Hay sed de justicia en áreas a través del continente americano. Es experimentada por pueblos que tienen conciencia de sí mismos y poseen el derecho inalienable de procurar el bienestar material y espiritual para sí mismos. Nuestra Comisión, que obedecerá el propósito de proteger y defender los derechos que constituyen la dignidad humana, no puede estar destinada al fracaso como si fuese la criatura de soñadores, porque encuentra su razón de ser en las mejores aspiraciones del espíritu americano.
La Comisión liderada por el hombre extraordinario que revelan estas palabras se puso a la obra de inmediato. A lo largo de la década de los sesenta, realizó visitas in loco a diferentes países de la región y emprendió una serie de actividades de seguimiento a la situación de los derechos humanos en Estados gobernados por regímenes autoritarios. Desde su primera visita a República Dominicana en 1961, la Comisión ha realizado más de ochenta y siete visitas in loco en 23 Estados Miembros. Sus integrantes entablaron permanente diálogo con los representantes de los Estados Miembros, organizaciones e individuos que embarcaron en los incipientes movimientos de derechos humanos en ese momento. La información recabada por medio de diferentes foros de diálogo y las visitas in loco permitieron a la Comisión reportar a la Asamblea General de la OEA las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrían en algunos países de la región.
En adición a las labores de seguimiento y monitoreo, la Comisión contribuyó desde estos inicios a la consolidación de una conciencia de los derechos humanos a través de pronunciamientos en el marco del sistema de peticiones y casos. Desde su primera sesión de trabajo, realizada en octubre de 1960, la Comisión manifestó que a la competencia de monitoreo debía añadirse el examen de comunicaciones o reclamaciones dirigidas por cualquier persona o grupo de personas y preparar informes respecto de esas reclamaciones.
En noviembre de 1965, por Resolución de la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria llevada a cabo en Rio de Janeiro, Brasil, los Estados Miembros reformaron el Estatuto y concedieron a la Comisión la potestad de examinar peticiones individuales. Por medio del sistema de petición individual, la CIDH ha permitido que un gran número de víctimas de violaciones a derechos humanos obtengan justicia, verdad y reparación, cuando éstas les fueron negadas en el ámbito interno. Asimismo, decisiones sobre peticiones y casos han conllevado que los Estados ajusten su ordenamiento jurídico y políticas gubernamentales a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que, en ejercicio de su soberanía, decidieron asumir. Así, a raíz de estas decisiones, varios Estados han decidido adoptar legislaciones y políticas públicas dirigidas a erradicar la violencia contra la mujer; modificar disposiciones de su ordenamiento que restringían indebidamente la libertad de expresión; restituir tierras ancestrales a pueblos indígenas o tribales; adoptar medidas para solventar la situación de discriminación histórica de la cual sectores enteros de sus poblaciones han sido objeto, entre otras.
A partir de la década de los setenta, la Comisión ejerció un rol fundamental al denunciar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contextos de dictaduras. En ese período, fue la única vía para que miles de personas obtuviesen algún tipo de respuesta frente a detenciones ilegales, incomunicaciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de sus seres queridos perpetradas por agentes estatales vinculados a regímenes autoritarios. Las visitas in loco, comunicados de prensa e informes de países aprobados por la Comisión en ese período dieron una amplia visibilidad a los abusos que venían siendo cometidos impunemente por dictaduras militares en el Cono Sur del continente. Varios de los desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios a nivel mundial sobre la obligación estatal de investigar y sancionar la desaparición forzada de personas se fundamentan en los pronunciamientos de la Comisión Interamericana.
Ante el flagelo de la violencia derivada de conflictos armados internos que atemorizó a las poblaciones de varios países de la región, la Comisión reportó a la comunidad interamericana los abusos cometidos tanto por las fuerzas del orden como por grupos armados ilegales. Varios acuerdos de paz que sellaron el fin de esos conflictos en países de Centroamérica a comienzos de la década de los noventa tuvieron como eje fundamental la necesidad de frenar las violaciones a los derechos humanos ampliamente denunciadas por la Comisión.
Adicionalmente, la CIDH se ha mantenido vigilante a la ruptura del orden democrático-constitucional, la ausencia de elecciones libres y periódicas, la vigencia de estados de excepción, altos niveles de violencia e impunidad, entre otras condiciones que comprometen el pleno goce de los derechos y garantías fundamentales en nuestra América.
Desde la década de los ochenta, la regulación de la facultad de dictar medidas cautelares le permitió a la CIDH prevenir daños irreparables a miles de personas que se encontraban en situación de riesgo. Dicho mecanismo ha tenido una evolución constante, producto de las lecciones aprendidas y mejores prácticas recogidas a lo largo de más de treinta años. Al día de hoy, se puede decir que se trata de una de las principales herramientas del Sistema Interamericano para la prevención de graves violaciones a los derechos humanos. Defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, personas privadas de la libertad, mujeres, comunidades indígenas o tribales, lesbianas, gais y personas trans, bisexuales e intersex, migrantes, individuos condenados a la pena de muerte que se encontraban en situación de riesgo inminente han visto su vida, integridad y otros derechos fundamentales preservados gracias a la adopción de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana.
Asimismo, la Comisión ejerció un importante papel en el proceso de transición democrática en aquellos países cuyos procesos electorales no eran plenamete libres y auténticos o no garantizaban el acceso a un recurso efectivo sobre los mismos ante un tribunal previamente establecido, así como en aquellos otros cuyo imperativo de consolidar las bases de un Estado de derecho requería el debido esclarecimiento de los crímenes cometidos o tolerados por regímenes autoritarios. En esa línea, los pronunciamientos de la Comisión han contribuido al establecimiento de autoridades electorales autónomas sujetas al control jurisdiccional de sus decisiones y al establecimiento de condiciones de equidad en la competencia electoral, así como a la derogación de leyes de amnistía y a la eliminación de otras barreras legales o de facto para que las víctimas de graves violaciones a derechos humanos pudiesen obtener justicia, verdad y reparación.
A lo largo de la década de los noventa la Comisión buscó dotar de mayor eficacia a sus actividades de seguimiento, monitoreo y promoción de los derechos humanos, por medio de la creación de Relatorías Temáticas, muchas de las cuales se derivan de resoluciones emitidas por la Asamblea General de la OEA. La consolidación de los enfoques especializados de sus diferentes relatorías temáticas ha permitido a la Comisión identificar, estudiar y emitir recomendaciones a los Estados Miembros en los principales temas que conforman la agenda internacional en la esfera de los derechos humanos. Por otro lado, los enfoques temáticos han tenido gran importancia en impulsar dicha agenda en algunos temas que, si bien permanecían invisibles en las políticas públicas y ámbito normativo de la mayoría de los Estados, afectaban una variedad de derechos fundamentales de millones de americanos y americanas.
En su periplo de superación de las dictaduras y conflictos armados, le acompaña a los pueblos de las Américas una Comisión Interamericana conciente de que debe ajustar sus normas, políticas y prácticas a la necesidad de atender a las nuevas demandas en materia de derechos humanos en la región. Sin embargo, dicho ejercicio no puede ignorar que las poblaciones de algunos Estados del continente siguen sufriendo las consecuencias de conflictos armados internos y otras coyunturas caracterizadas por altos niveles de violencia e impunidad. Es igualmente oportuno recordar que algunos países de la región han atravesado golpes de Estado u otras formas de ruptura del orden democrático-constitucional en los últimos años. La Comisión se mantendrá vigilante de tales situaciones y empleará todas sus herramientas para denunciar las violaciones a los derechos humanos que de ellas se derivan.
Nuestro continente tiene grandes desafíos por adelante. Nuestras democracias deben consolidarse a través de procesos electorales transparentes, libres y auténticos, y del fortalecimiento de la independencia de las diferentes ramas del Estado frente a sectores políticos o poderes fácticos, asumir cultura de los derechos humanos, en la que los americanos y americanas tengan la convicción de que sus derechos no son un beneplácito de sus gobiernos, sino una obligación exigible a sus Estados por medio de un efectivo acceso a la justicia. Asimismo, nuestras democracias deben lograr que demandas sociales insatisfechas no se adhieran a soluciones basadas en la violencia, sino que sean resueltas bajo las reglas de un Estado de Derecho. Es un reto fundamental que los americanos y las americanas sean concientes de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y que confíen en las instituciones democráticas para exigirlos y ejercerlos. Nuestras democracias deben asumir la ineludible realidad de que cuando esas instituciones no brindan una respuesta adecuada a violaciones a derechos humanos en perjuicio de sus ciudadanos y ciudadanas, la Comisión Interamericana constituye el último y en muchos casos el único mecanismo para que eso ocurra.
Es sabido que al día de hoy la agenda de derechos humanos presenta una variedad de temas para los cuales las instituciones nacionales e internacionales deben operar conjuntamente en la búsqueda de soluciones. Por varias décadas, las graves violaciones de derechos humanos fueron cometidas precipuamente por regímenes autoritarios. Sin embargo, se observa actualmente un creciente número de situaciones en las que entidades no-estatales son las responsables inmediatas por tales violaciones. Contaminaciones ambientales por parte de empresas privadas, violencia patrocinada por grupos armados ilegales, despojo de comunidades indígenas o tribales de sus tierras ancestrales por parte de hacendados o empresas extractivas, actos de discriminación cometidos por particulares son apenas algunos ejemplos de situaciones que conforman nuevos temas en la agenda internacional en materia de derechos humanos. Al respecto, la Comisión ha desarrollado una serie de estándares sobre la obligación de los Estados de propiciar un debido acceso a la justicia, prevenir y garantizar las violaciones a derechos humanos provocadas por particulares. A través de informes temáticos, decisiones sobre peticiones y casos, entre otros pronunciamientos, la Comisión ha cubierto prácticamente todos los temas de esa nueva agenda de derechos humanos.
Tenemos la convicción de que el quehacer de la Comisión Interamericana – la promoción y defensa de los derechos humanos – son un instrumento invaluable para atender las viejas y nuevas demandas de la comunidad interamericana de Estados y sus poblaciones.
Hay, en el horizonte, ciertos cambios positivos de los cuales debemos hacer uso activamente. La Comisión ha reconocido que el año 2012 es un año de profunda reflexión sobre sus funciones, sus políticas, sus prácticas y sus regulaciones, y mis colegas y yo hemos decidido desencadenar un intenso proceso de consulta para escuchar las opiniones de todos los usuarios y las usuarias del Sistema sobre las funciones de la Comisión y los posibles pasos que pueden darse para fortalecer su actuación.
La Comisión ha reconocido las oportunidades y los retos que existen en su contexto actual, y está considerando todas las observaciones de los actores del Sistema. Las experiencias acumuladas, mejores prácticas y lecciones aprendidas desde su última reforma reglamentaria, le han llevado a elaborar una agenda de reforma de su Reglamento, sus políticas y sus prácticas. El universo de recomendaciones y observaciones de Estados y sociedad civil se estima puede englobarse en cuatro ejes relacionados con el curso de peticiones y casos, incluidas las soluciones amistosas; las solicitudes de medidas cautelares; el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros de la OEA, y las actividades de promoción, universalización, transparencia y otros temas conexos al fortalecimiento.
En particular, su metodología va a reposar en estos Foros y en una amplia consulta respecto de los referidos cuatro documentos temáticos que han sido publicados y se encuentran accesibles a través de la página web de la Comisión, con el objeto de recabar observaciones, puntos de vista e información que enriquecerán la agenda de reforma. Toda vez que el universo de recomendaciones y observaciones planteadas por los actores del Sistema involucran asuntos regulados en su Reglamento o guiados por sus prácticas, la agenda de reformas impulsada por la Comisión se concentrará en el perfeccionamiento de sus normas reglamentarias, políticas y prácticas.
En su agenda de revisión, la Comisión va a considerar inquietudes expresadas por usuarias y usuarios del Sistema respecto del mecanismo de petición individual. Va a examinar asuntos relacionados con los plazos que rigen algunas etapas procesales; va a ponderar importantes reformas para dar publicidad a criterios e instrumentos de que dispone para hacer más eficientes sus procedimientos y cumplir su misión institucional, y va a recabar información sobre los mecanismos que facilitan el cumplimiento de sus recomendaciones.
A este efecto, permítanme compartir con ustedes un reto esencial en nuestro proceso de reforma, que es asegurar un delicado equilibrio: la Comisión reconoce su deber de aplicar de manera rigurosa los procedimientos existentes para asegurar no sólo la certeza jurídica sino la igualdad de armas y el debido proceso; al mismo tiempo, la situación de muchas de las victimas que acuden al sistema nos obliga a mantener una razonable flexibilidad.
En este sentido, resulta relevante corregir ciertas percepciones erróneas sobre el Sistema Interamericano. En la mayoría de los casos, las partes que acuden al sistema no están en igualdad de condiciones para defender sus derechos. Alrededor de un tercio de las peticiones individuales presentadas ante la Comisión revelan apoyo de organizaciones de la sociedad civil, algunas de ellas con suficientes recursos y experticia, y otras con menores recursos y experiencia ante el sistema Otro tercio revela algún nivel de patrocinio letrado con enormes variaciones en el nivel de dominio del procedimiento interamericano. No obstante, a las miles de peticiones restantes les da respaldo el puño y la letra de algunas de las personas más pobres, excluidas, olvidadas y desposeídas de la región, sin que exista para ellas posibilidad de asistencia letrada alguna en la etapa de estudio inicial. La Comisión debe mantener un sistema de petición individual que reconozca estas asimetrías a través de la flexibilidad y la informalidad de sus procedimientos y garantizar, como intenta hacerlo mediante el fondo de atención a victimas, que en el curso del procedimiento puedan igualarse las armas para garantizar una contienda justa y equitativa, con el objeto de no extender al ámbito interamericano los obstáculos al acceso a la justicia que infortunadamente prevalecen en algunos países de nuestra región. Estas y otras importantes consideraciones deben ser ponderadas por la Comisión al momento de adelantar la reforma a la que se encuentra avocada.
Querría asimismo hacer una nota particular sobre los llamados a la universalidad del Sistema: es importante distinguir entre la competencia de la Comisión, que es universal en el sentido de que todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos se encuentran sujetos al monitoreo de la situación de los derechos humanos, el sistema de petición individual y el seguimiento de enfoques temáticos, por una parte, y el ideal de una ratificación universal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás instrumentos interamericanos sobre la materia, así como la aceptación de la competencia obligatoria de la Corte Interamericana, por la otra. La Comisión asume el llamado realizado por los Estados de coadyuvar en este último propósito en todo lo que esté a su alcance; subrayará los esfuerzos realizados al respecto, e integrará la promoción de la universalidad en todas sus visitas y en las actividades que esto resulte oportuno.
Con respecto a la universalización, la Comisión recibió con pesar el 10 de septiembre de 2012 la noticia de que el gobierno de la ilustre República Bolivariana de Venezuela había denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo lamentamos profundamente porque, en lenguaje técnico, esta denuncia implica que las violaciones de derechos humanos que tengan principio de ejecución a partir del 11 de septiembre de 2013 no serán objeto de escrutinio con base en los estándares de la Convención, ni sujetas a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Expresamos nuestra preocupación porque significa que una importantísima población de nuestro continente recibe un mensaje de alejamiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, así como del disfrute completo del patrimonio del que he hablado. Asimismo, es un acto diametralmente opuesto al espíritu de universalización que expresó el conjunto de Estados Miembros de la OEA en su reciente Asamblea General en Cochabamba, Bolivia, así como en las recomendaciones formuladas por el Consejo Permanente de la OEA en enero del año en curso. Es claro que la Comisión mantiene intacta su competencia respecto de la República Bolivariana de Venezuela porque ésta deriva de la Carta de la OEA y la Declaración Americana de 1948.
Como una constante en las alocuciones que he realizado en estos Foros, he elegido una hermosa frase de Bernardo de Chartres para terminar mis reflexiones. Él dijo que se podía ver más, y más lejos, cuando se está sobre los hombros de gigantes. Nosotros tenemos gigantes desde cuyos hombros mirar más, y más lejos: Gabino Fraga Magaña y César Sepúlveda, que ya no están con nosotros, dedicaron significativas partes de su vida a la creación y desarrollo de estas instituciones interamericanas extraordinarias; ... y ..., quienes dieron su vida en la búsqueda de la justicia. Querría también hacer justicia a dos gigantes aún entre nosotros, Héctor Fix-Zamudio y Sergio García-Ramírez, cuyas preclaras gestiones tanto hicieron por nuestra institución hermana. Estos legados, aunados a los de miles de víctimas, defensoras y defensores que luchan cotidianamente y sin claudicar por la vigencia de todos los derechos humanos para todas y todos son el verdadero patrimonio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Veamos más lejos sobre los hombros de estos gigantes y continuemos haciendo que esta noble institución cumpla su cometido, de manera que ninguna persona en las Américas se sienta desamparada y las actuales y futuras generaciones de nuestro hemisferio puedan gozar de sus derechos más esenciales. Muchas gracias.